El caso de una niña de 11 años que quedó embarazada después de que un joven de 17 años abusara de ella ha vuelto a encender la polémica en Argentina sobre la actual penalización del aborto.

La ley solo permite la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la madre corran peligro o si el embarazo fue fruto de una violación “sobre una mujer idiota o demente”.

El caso de la niña ocurrió en General Campos, un pueblo de 2.900 habitantes a 424 kilómetros al norte de Buenos Aires. Ella y su madre pidieron a un juez que le permitiese abortar con el argumento de que su salud física y mental está en juego, por su corta edad, además de que la ley establece que a los 11 años no puede haber consentido el acto sexual. El magistrado consultó al hospital de una ciudad cercana, Concordia, y allí los médicos respondieron que el estado de la menor “no amerita interrupción del embarazo por riesgo obstétrico”, es decir, que la salud de la niña no corre peligro. El debate se enardeció cuando el ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos (donde está General Campos) se manifestó también en contra del aborto.

Proyecto de ley

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se ha manifestado siempre en contra de modificar la actual penalización del aborto en un país donde el 75% de los ciudadanos se define católico y el 11% pertenece a otras iglesias cristianas. Sin embargo, algunas diputadas de su coalición y de la oposición impulsan en el Congreso un proyecto de ley para permitir la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas. No está claro que la iniciativa vaya a prosperar.

El Ministerio de Salud de Argentina guardó silencio sobre el caso de la niña de 11 años, mientras que el Instituto Nacional contra la Discriminación, que también pertenece al Gobierno, reclamó que se practicara el aborto por considerar que no era punible. Uno de los miembros de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, reclamó un plan para reducir la cantidad de abortos en Argentina, que supera a la media latinoamericana pese a la prohibición, y recomendó que se ampliaran los casos no punibles para evitar las muertes de madres pobres en clínicas clandestinas.
Via: El Pais

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