El sistema nacional de trasplantes español, que es líder mundial desde hace años, está seriamente amenazado por una empresa alemana que, con fines comerciales y sin permiso de las autoridades españolas, se dedica a realizar llamamientos masivos a la población para conseguir donantes de médula ósea.

Se trata de DKMS, que posee el registro de donantes de médula más grande del mundo (2,5 millones de personas) y contra quien el Ministerio de Sanidad se plantea emprender acciones judiciales (ya ha encargado un informe ad hoc a la Abogacía del Estado) por la “ilegalidad” de sus actividades en España. Entre otras cosas, Sanidad le acusa de haber “realizado tareas de promoción de la donación y obtención de donantes sin el conocimiento previo de las autoridades sanitarias” españolas, tal y como obliga la Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, y de haber sacado de nuestro país más de un millar de muestras biológicas (con ADN de españoles) sin la autorización pertinente.

“Es de las cosas más gordas que han ocurrido en los últimos años en materia de transplantes, una situación a la que hasta ahora nunca me había tenido que enfrentar”, valora Rafael Matesanz, coordinador de la Organización Nacional de Transplantes (ONT), que asegura que DKMS “ha atacado a la línea de flotación de todo el sistema nacional de trasplantes”, basado en los principios de la “solidaridad”, el “altruismo” y la “gratuidad”.

Matesanz ha alertado a toda la red sanitaria española de la forma de proceder de esta empresa, que, según un informe del Ministerio al que ha tenido acceso este diario, factura 14.500 euros por médula (“los precios más caros del mercado, casi el doble de los españoles”), con lo que, a 6.000 euros estimados de ganancia por donación, supuestamente obtiene un margen de beneficios de “más de 24 millones de euros cada año”.

Según explican en Sanidad, y han confirmado otras fuentes, la cosa funciona más o menos así: DKMS -que el pasado diciembre constituyó una fundación sin ánimo de lucro en nuestro país para poder operar con más libertad- capta donantes en España que se prestan a ceder células de su médula para que sea curado un paciente concreto cuya familia ha realizado un llamamiento masivo dirigido por esta empresa. DKMS se lleva esos donantes potenciales españoles a Alemania, que, además, han sido invitados previamente a hacer una “donación voluntaria de 50 euros”, y los inscribe en su propio registro. Luego vende cada médula por 14.500 euros a pacientes u hospitales de otros países, por ejemplo EEUU. O la revende a hospitales españoles, que se ven obligados a pagar, así, 14.500 euros por un donante que, si hubiera estado inscrito en el registro oficial español -el REDMO, que lleva la Fundación Josep Carreras-, le hubiera salido gratis.

“Es una privatización del transplante”, resume Matesanz. Es decir, un negocio puro y duro que “supone una desregularización” del sistema público español y, por descontado, un comercio “ilegal” de órganos. “Hemos comunicado a la Dirección General de Salud Pública que se han sacado ilegalmente del país más de 1.000 muestras biológicas”, denuncia Matesanz.

Corresponden a las 1.200 muestras que DKMS obtuvo tras realizar el pasado octubre un mediático llamamiento para encontrar el gemelo genético del avilesino de 35 años Hugo Pérez Santos, enfermo de leucemia. Así comenzaron sus actividades en España, de las que la Consejería de Sanidad asturiana y el Ministerio nada sabían. La incursión preocupó tanto que se introdujo como punto en el orden del día de una reunión de la Comisión de Transplantes. Hubo unanimidad entre todas las comunidades autónomas en pedirle explicaciones a DKMS.

En noviembre, la ONT se reunió con DKMS para decirle que “cualquier medida que incida en la salud pública tiene que ser autorizada por las autoridades sanitarias españolas”. Un mes después, DKMS acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para demandar a la ONT por decir que sus actividades son “ilegales”.

Un portavoz de la empresa responde por email a un cuestionario de este periódico: “DKMS no puede aceptar que la ONT publique información errónea sobre DKMS que puede dañar la imagen de DKMS”. “Todas las actividades que realizamos cumplen absolutamente las leyes españolas. No hace falta ningún permiso específico para mantener una base de datos de donantes potenciales de médula ósea y células”.

Pero Matesanz es concluyente: “La introducción de empresas privadas en nuestro sistema de donación, que no se someten a los mecanismos legales y organizativos que existen en nuestro país, supone un riesgo evidente de quiebra del modelo español de trasplantes”.
Via: El Mundo.es

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