Al menos doce bebés incluidos en protocolos de investigación clínica para probar la eficacia de una vacuna contra la neumonía murieron durante el último año en tres provincias de Argentina, según denuncias que recoge hoy la prensa.

El estudio es patrocinado por el laboratorio multinacional Glaxo Smith Cline y utiliza niños de familias pobres a las que se “presiona y obliga para que firmen los consentimientos legales”, alertó el sindicato Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).

Los denunciantes dijeron que “esto ocurre sin ningún tipo de control estatal” y porque “no se cumple con los mínimos requerimientos éticos”, mientras que familiares de las víctimas denunciaron presiones para desistir de las demandas.

A pesar de los rechazos, la experimentación continúa y, en declaraciones que reprodujo hoy el periódico local Crítica, sus responsables argumentaron que “los procedimientos se realizan en el marco de la ley”.

Además de Argentina, Colombia y Panamá fueron los otros países elegidos por la compañía farmacéutica para probar la eficacia clínica de una vacuna contra el neumococo.

Desde 2007, 15.000 niños menores de un año de las provincias argentinas de Mendoza, San Juan y Santiago del Estero ingresaron en el protocolo de investigación.

“Solo murieron doce en todo el país, lo que representa una cifra mínima si la comparamos con las muertes que se producen por enfermedades respiratorias causadas por el neumococo”, dijo el pediatra santiagueño Enrique Smith, uno de los investigadores principales del estudio.

En la norteña Santiago del Estero, una de las más pobres del país, los protocolos fueron autorizados cuando el hermano del médico, Juan Carlos Smith, era ministro de Salud provincial.

“Estoy absolutamente convencido de haber tomado la decisión correcta, aunque algunos talibanes de la investigación hayan querido bastardear el procedimiento”, declaró a Crítica el ex funcionario.

Para la pediatra Ana María Marchese, quien trabaja en el Hospital de Niños santiagueño, donde se realizan los estudios, “como no pueden experimentar en Europa o Estados Unidos, vienen a hacerlo a los países del tercer mundo”.

“Mucha gente quiere salirse del protocolo y se lo prohíben, los obligan a continuar con la amenaza de que si dejan no se les aplica ninguna otra vacuna”, explicó Julieta Ovejero, tía abuela de uno de los seis bebés fallecidos en Santiago del Estero.

El integrante de Fesprosa Juan Carlos Palomares precisó al respecto que “en su gran mayoría se trata de personas carenciadas, muchas de ellas no saben ni leer ni escribir, a las que presionan para que autoricen la inclusión de sus hijos” en la experimentación.

Según la denuncia del sindicato, “el laboratorio paga 8.000 dólares por cada niño incluido en el estudio, pero no queda nada en la provincia que presta las instalaciones públicas y el personal de salud para una investigación privada”.

Dos diputados presentaron sendos pedidos de informes al Ejecutivo para que “otorgue precisiones sobre el desarrollo del ensayo”, así como “los mecanismos de consentimiento de los responsables de los menores a incorporar y demás pormenores para prevenir eventuales consecuencias lesivas de la salud derivadas de la aplicación del programa”. EFE

Post relacionados